Obediencia Debida, promesa cumplida. La crisis de Semana Santa del 87, como oportunidad de pedagogía política.

Obediencia Debida, promesa cumplida. La crisis de Semana Santa del 87, como oportunidad de pedagogía política

por Jérémy Rubenstein (texto de una ponencia para un evento al que no pude ir)

Version Word: Obediencia Debida-Promesa

Del 15 al 19 de abril del 1987, del miércoles de noche al domingo de tarde, se desarrollo lo que se llamo la crisis de Semana Santa. Ha sido el primer levantamiento “carapintada”, que estallo cuando el mayor Barreiro no se presento a la convocación de la Cámara Federal de Córdoba por responder de crímenes cometidos como uno de los jefes del campo “La Perla”. Esta desobediencia [el oficial es declarado “prófugo”] fue seguido, el jueves, por una sedición dirigida por el teniente-coronel Aldo Rico al frente de unos dos cientos oficiales y suboficiales recluidos en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo en la Provincia de Buenos Aires. Durante los días que siguen, el resto del Ejercito no se acerco a reprimir la rebelión. Esta Semana Santa ha sido marcada por una movilización masiva de la ciudadanía, en todas las ciudades del país, en defensa del régimen democrático. La crisis se concluyo el domingo, después de que el presidente Alfonsín se haya reunido en privado con Aldo Rico en Campo de Mayo. Pocas semanas después, el 8 de junio, se sanciono la ley conocida como de Obediencia Debida [23.521], que exime de toda responsabilidad penal cuadros y personal [“oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal”] de la represión o de la masacre política llevada a cabo durante la dictadura.

De manera que esos dos hechos, el levantamiento y la ley, han sido comúnmente ligados. Es decir, la ley muy controvertida (ahora derrocada) es leída desde su promulgación como una concesión a los militares, por el peligro que mostraron poder hacer correr al régimen, o más directamente como el resultado de un acuerdo entre Alfonsín y Aldo Rico. El ex presidente desmintió reiteradamente esta versión, negando cualquier acuerdo con los militares sediciosos y afirmando que el proyecto de ley era anterior a la crisis de abril 1987. Eso se confirma con otras fuentes, pero sobre todo, y eso también lo subraya Alfonsín[1], la ley de Obediencia Debida esta inscrita en las promesas electorales del 83. Más precisamente, es una consecuencia lógica de los tres niveles de responsabilidad con la que el candidato Alfonsín encaro los crímenes cometidos durante la dictatura –excluyendo así desde un principio los civiles, ya que los tres niveles se refieren únicamente a los militares-.

De manera que la ley de Obediencia Debida, no solo no es una consecuencia directa de un acuerdo con los carapintadas, sino que es un proyecto mucho anterior y prácticamente una promesa electoral. Entonce hay una paradoja aparente entre una ley mucha veces considerada como una traición del conjunto del poder político –ya que una ley involucra necesariamente las cámaras que la votan además del gobierno -, o por lo menos como una claudicación del nuevo régimen democrático frente al poder armado de la pequeña minoría militar, y una promesa, al fin y al cabo, cumplida. Así que la pregunta es ¿ porque una promesa electoral cumplida provoca una sensación popular de traición del gobierno? Y, ahora que consideramos la ley de Obediencia Debida, no como una claudicación sino como el resultado lógico de la concepción alfonsinista de la “cuestión militar”, entonce cabe preguntarse si la crisis de Semana Santa no facilito el proyecto gubernamental. Es decir ¿en que medida el sublevamiento carapintada ayudo la promulgación de la ley de Obediencia Debida?  ¿ Como, gracias a la crisis, Alfonsín pudo cumplir su proyecto?

Explicaremos, en un primer tiempo, como la paradoja entre la promesa cumplida y la sensación de traición no pasa de lo aparente, mostrando como el significado de los tres niveles vario mucho entre el momento de su primera expresión publica, en agosto del 83[2], hasta la promulgación de la ley que los define en junio del 87. En un segundo tiempo, volveremos sobre las resistencias, primero políticas y después judiciales, que encontró el gobierno para aplicar su concepción de la “cuestión militar”. En una tercera parte, mostraremos como la crisis de Semana Santa ha sido utilizada por Alfonsín para imponer esta concepción de los tres niveles de responsabilidad.

 

 

  1. Los tres niveles

Todos los observadores de la trama juridico-militar de los primeros años del gobierno de Alfonsín, apuntan la misma falla en el edificio jurídico-judicial que debe solucionar la “cuestión militar” : al principio general de los tres niveles de responsabilidades –los que mandaron, los que obedecieron a las ordenes y los que se excedieron el cumplimiento de las ordenes – le falto una definición precisa de cada nivel.

 

  1. Durante la campaña del 83
  • Un tema expuesto, pero poco desarrollado.

Según Carlos Nino, la idea general de los tres niveles ha sido de Alfonsín quien pregunto a sus asesores que la desarrollará. Eso dio lugar a un memorándum[3] de Nino y Malamud Goti que explicita lo que se entiende por los tres niveles pero no define precisamente a partir de cuando se considera que hubo “excesos” en el cumplimiento de las ordenes. Los fundamentos de este memorándum se encuentran después en el proyecto de ley de reforma del código penal militar que explicita como los jueces (militares y civiles) deberán encarar los juicios a los militares. Veremos el destino de esta ley después.

  • La promesa de juicio, la oferta política más progresista

Por ahora, lo que queremos subrayar es que durante la campaña presidencial del 83, el solo hecho de anunciar claramente que habrá juicios es la propuesta más “progresista” o menos a favor de la amnistía. Recordemos que la ultima junta sanciona una ley  popularmente llamada de “autoamnistía” el 23 de septiembre del 83. Frente a eso, si bien todos los políticos la condenan –a excepción de Álvaro Alsogaray, líder de la UCeDe- ,  el candidato peronista, Argentino Luder explica que aunque se anule la ley, seguirá teniendo efectos como beneficio de la pena más ligera para los condenados. A esos complicados fundamentos jurídicos, Alfonsín responde claramente que no habrá amnistía pero sigue poco claro al respeto de los tres niveles. De manera que cuando se vota en octubre del 83, entre otras cosas se vota en contra de la amnistía.

 

  1. Los cambios operados en la sociedad

Hasta la asunción de Alfonsín a la presidencia, los tres niveles es un tema segundario, poco publico aunque sí anunciado por el candidato desde agosto del 83. Por otro lado, si bien los votos mostraron un rechazo a la impunidad, tampoco se tiene una idea muy clara de que abarca esta impunidad. Esto va cambiando durante los meses que siguen.

  • La difusión masiva de los crímenes en sus detalles (“show del horror”, Conadep, Juicio).

Con razón, la mayoría de los autores señalan que no hubo “descubrimiento” de los crímenes de la dictadura, ya que eran ocultos únicamente por los que no querían ver. Pero tener una conciencia difusa de que algo esta pasando es muy distinto que tener conocimiento en todos sus detalles, incluso los más horrorosos, de los crímenes. En la Argentina de los 80, este conocimiento ha sido difundido por lo menos en tres fases. La primera que González-Bombal ha llamado el “show del horror” –cuando el periodismo estuvo “descubriendo” casi diariamente fosas común y tumbas NN, en una espectáculo (más o menos desde fin del 82 hasta principios del 84) denunciado por la socióloga. La segunda, ha sido el informe Nunca Más de la Conadep, que presento un adelanto de sus conclusiones por televisión el 4 de julio del 84 y se publico pocos meses después. La tercera fase, y seguramente la socialmente mas potente, ha sido el Juicio a las Juntas que ocupo casi todo el año 85. No vamos a desarrollar cada una  de esas fases, remitimos a los autores que las estudiaron[4], acá solo queremos resaltar que a partir del 86 nadie en el país ignora los crímenes de la dictadura y la mayoría tiene un conocimiento muy preciso al respeto –detalles horrorosos que hacen socialmente prácticamente imposible un “perdón” o la impunidad para sus ejecutores- a menos que se considere todo aquello como parte de una guerra psicológica, una campaña para denigrar a las fuerzas armadas como se dice en los ámbitos castrenses.

  • La movilización popular de Semana Santa, como resultado de esos cambios

Seguramente, la amplitud de la movilización en Semana Santa se explica en parte por el rechazo a esos crímenes ahora bien conocidos; es decir, el rechazo a lo que es percibido como un nuevo golpe o un planteo militar esta directamente ligado al conocimiento masivo de los crímenes de la dictadura, sino –aunque haya muchas otras razones – no se entiende un respaldo tan grande al régimen democrático –es probablemente la primera vez en la historia argentina que hay una movilización masiva en respaldo a un régimen y no una persona. De manera, que el jueves de la crisis, seguramente el discurso de Alfonsín exprime un sentimiento compartido por (casi) todos los Argentinos  [ “aquí no hay nada que negociar, la democracia de los argentinos no se negocia. Se termino para siempre el tiempo de los golpes, pero también se terminó el tiempo de las presiones, los pronunciamientos, y los planteos”[5]]. Los periódicos del sábado ( hay feria el viernes santo) no ponen en énfasis la parte del discurso que se refiere a los tres niveles o, como dice el discurso, “los criterios de responsabilidad que permitan la definitiva reconciliación de los argentinos”[6].

 

  1. La imposible aplicación

 

La sublevación carapintada se explica, entre otras cosas, por la no aplicación de esos niveles de responsabilidades, -uno de los reclamos de los militares sublevados es una “solución política” a los juicios eso es, sin eufemismo, una amnistía- pues este concepto nunca logro aplicarse después de haber sido expresado porque ha sido bloqueado por el Parlamento.

 

  1. “Crímenes atroces y aberrantes” en el Senado
  • Como decíamos, si bien los tres niveles eran expuestos muy tempranamente, antes de la elección de Alfonsín, las definiciones de esos niveles eran poca clara. Parte de la ley que permite los juicios a los militares –que reforma el código penal militar- tiene por objeto esta definición. El proyecto de ley prevé que “se presumirá, salvo prueba en contrario, que se obró con error insalvable sobre la legitimidad de la orden recibida.”[7] Este proyecto retoma las ideas que están presente en el memorándum de Nino y Malamud Goti al que ya nos hemos referido, y apunta a una interpretación que deberán observar los jueces. No califica el crimen en si, sino que conlleva una amnistía a través de la interpretación que deberán aplicar los jueces de las condiciones en que ha sido cometido. Pero una enmienda del Senado se refiere directamente al tipo de crimen, ya que agrega que la interpretación es valida “excepto cuando consistiera en la comisión de hechos atroces y aberrantes.[8]” La enmienda es llevada por el senador Elías Sepag del Movimiento Popular Neuquino. Obviamente, no se podía considerar la mayoría de los crímenes de otra manera que “atroces y aberrantes”, así que simplemente anulaba los efectos de la ley. El gobierno es muy conciente de que su estrategia ya se hundió : Carlos Nino cuenta que, al conocer la enmienda llamo inmediatamente al presidente para que impida el “desastre”[9]. Alfonsín le hubiera respondido “un tanto fatalista” que iban a esperar a ver que pasa. Después de este fracaso, a través de varios comunicados de ministros a la prensa durante el año 85, el gobierno dice poner sus expectativas en los tribunales. Espera que ellos dieran una definición de los tres niveles a través de una jurisprudencia que, obviamente, se tendría que emitir por la Cámara de Apelación de Buenos Aires, es decir por la sentencia del juicio a las juntas.

 

  1. Punto 30 del Juicio a las Juntas
  • Acá es interesante resaltar una curiosidad, sino una enigma, acerca del famosos “Punto 30” de la sentencia al juicio de las juntas. Todos los autores lo consideran como un duro golpe de los jueces en contra del gobierno, pues apuntan a las varias declaraciones de ministros quienes exponen, durante el juicio, las expectativas de ver definido un “punto final” por el tribunal, también al encuentro secreto de Alfonsín con los camaristas[10]. Pero, si bien es seguro que el gobierno hubiera sido satisfecho con una jurisprudencia que decida de no enjuiciar a los cuadros medios de la represión, eso hubiera sido una aberración jurídica. Todos los juristas, y especialmente los asesores jurídicos de Alfonsín, Carlos Nino y Jaime Malamud Goti, saben perfectamente que es un deber de un tribunal señalar los crímenes de los que tuviera conocimiento a las jurisdicciones que corresponden (en este caso, según la geografía de la represión en zonas militares). Es decir que la sentencia no es ninguna sorpresa para los juristas, a no ser que esperaban una sumisión absoluta de los jueces, lo que es poco probable. Así que entendemos las expectativas del gobierno al respeto, como un simple discurso retórico hacia las fuerzas armadas –para calmarlas- y no como verdaderas esperanzas. En todo caso, no es en el tribunal que se definió los tres niveles y queda el problema pendiente –con el agravante que el numero de enjuiciamientos va creciendo con el paso de los meses -.
  • Instrucciones a los fiscales

Hay que recordar que les Cámaras Federales funcionan, en los casos relacionados a los crímenes cometidos durante la dictadura, como tribunales de apelación ya que están supuestamente indagados por el Consejo Supremo –la justicia militar – en primera instancia. Esto se debe a la esperanza del gobierno de ver las Fuerzas Armadas efectuar una auto-depuración, lo que nunca se dio. Entonce, en abril del 86, se piensa en dar instrucciones a los fiscales militares, para que encaren los juicios como el gobierno quiere –es decir, que juzguen a los altos oficiales y se absuelvan los demás-. Pero los jueces civiles rechazan la iniciativa, entre otro con la renuncia de Jorge Torlosco de la Cámara Federal de Buenos Aires, y Alfonsín parece dar marcha atrás[11], pero no queda muy claro el asunto. En definitiva, eso solo provoco que las Cámaras Federales se avocaran para tomar algunos casos al Consejo Supremo. Hay que resaltar que durante todo este tiempo, desde 1984, los tribunales federales del interior se muestran muy poco apresurado en juzgar a militares. Eso es una de la razones por las cuales el gobierno impulsa el Punto Final.

  • Punto Final

La ley de Punto Final de diciembre del 86 no entra en la lógica de los tres niveles. En este momento, desde el gobierno, solo se considera que el numero de militares enjuiciados va creciendo de manera peligrosa y, sobre todo que no se sabe cuando se acabara. Malamud Goti, artesano de esta ley[12], pone énfasis en esta segunda incertidumbre y decide de una prescripción anticipada. Después de promulgada, correrán sesenta días para enjuiciar militares relacionados con la masacre política de la dictadura. En realidad, promulgan la ley pocos días antes de la feria judicial, el 23 es votada y el 24 de diciembre entra en vigencia –sin esperar que sea publicada en el Boletín Oficial[13]– de manera que serán unos cuarenta días “abiertos”. Eso se traduciría, según se prevé, a un máximo de cuarenta militares enjuiciados. Pero los jueces renuncian a la feria judicial de verano y aceleran los tramites, y a fin de febrero son alrededor de 400 oficiales que están llamado delante de los tribunales –entre los cual se encuentra el Mayor Barreiro[14] -. Es decir, la ley produjo exactamente lo inverso que se quiso.

  • Proyectos convergentes

De manera que en abril del 87, por un lado, el gobierno quiere imponer su concepto de los tres niveles –con ya varios fracasos en este sentido – y, por otro lado, los militares exigen una amnistía –en realidad más que una amnistía quieren una rehabilitación de la “lucha antisubversiva”, lo que es contradictorio ya que la amnistía supone reconocer que hubo crímenes -, y mas precisamente para los cuadros medios y inferior del masacre político, pues una característica de los carapintadas es el rechazo del “generalato” –criticado, entre otras razones, por “no hacerse cargo” -.

Es decir, por razones muy distintas, el gobierno y los carapintadas buscan sensiblemente lo mismo.  Lo que hace muy creíble la versión de Alfonsín que no hubo negociaciones durante su encuentro con el líder de los sediciosos, pues los reclamos esenciales de este eran efectos del proyecto de ley de aquel. Es decir, si bien no habría una “rehabilitación de la guerra antisubversiva”, la ley de Obediencia Debida cumplía con los reclamos básicos y inmediatos de los carapintadas. Lo que aquí sostengo es que la sublevación militar ayudo, quizás de manera determinante, a que el gobierno pueda promulgar la ley que ya tenia proyectada.

 

  1. La instrumentalización de la crisis de Semana Santa

Lo que permite sostener eso son dos elementos, la actitud ambigua de Alfonsín durante la crisis que nunca olvida sus propios objetivos políticos atrás de la defensa general del régimen por un lado y, por el otro, el propio testimonio de Alfonsín sobre cómo encaro con anticipo la crisis.

  1. El “compromiso democrático”
  • Es interesante volver en los días de la crisis de Semana Santa, cuando millones de personas están en las calles y plazas de todas las ciudades de la republica en respaldo explicito, no a un líder sino, quizás por primera vez en la historia argentina, a un régimen. Todos los sectores constituidos quieren mostrar su apoyo. Políticamente, eso se traduce con la firma, el domingo de Pascuas, por casi todos los partidos políticos –a excepción del MAS -, sindicatos y otras agrupaciones sociales, de un texto muy corto de cuatro punto llamado “Acta de Compromiso Democrático”. El tercer punto dice “Que la reconciliación de los argentinos solo será posible en el marco de la Justicia, del pleno acatamiento a la ley y del debido reconocimiento de los niveles de responsabilidad de las conductas y hechos del pasado.”[15]. Es decir, que en medio del consenso antigolpista, o democrático, Alfonsín promueve su propia concepción de cómo se debe encarar los juicios con “niveles de responsabilidad”.
  • De manera anexa, pero revelador de lo que venimos diciendo, Alfonsín propone en medio de la fiebre de la crisis, a los sindicatos un acuerdo que sobrepasa de lejos el problema político del momento, ya que prevé acuerdos gremiales. “Una derivación posible de la actual situación es el acercamiento de los distintos sectores. Es une forma de galvanización para que podamos ir para adelante, afianzando este convivencia de los argentinos.”[16] La proposición de Alfonsín, que se refiere al conjunto de organizaciones sociales y los millones de personas movilizadas en respaldo al régimen democrático, es del sábado al mediodía, y esta dirigida a la delegación sindical que viene a confirmar su respaldo hacia las instituciones –es decir durante el corazón de la crisis -. Pero Saúl Ubaldini, el secretario de la CGT, se lo había adelantado, antes de entrar en el despacho presidencial aclaro a la prensa que se venia a hablar “exclusivamente de la defensa de la vida constitucional” y no “subalternar esta situación con cualquier otra cuestión como la del pacto social”[17].
  • Como se puede observar, si bien la magnitud de la crisis –sobre todo del respaldo popular- es una sorpresa, Alfonsín no olvida sus propios objetivos políticos en medio de este tiempo acelerado del acontecimiento. La razón de este sorprendente control de la situación, en una situación por definición poco controlable, es que la crisis era esperable. No se podía prever ni su fecha ni su amplitud, pero el gobierno manejaba la hipótesis del sublevamiento –lo que es de esperar de un gobierno en esta situación de descontento militar -; entonce, desde esta hipótesis también se pensaba en los provechos que se podrían alcanzar con la crisis.

 

  1. Una crisis esperada
  • En este aspecto, Alfonsín es muy claro y vale la pena rescatar la cita entera :

“Desde algún tiempo antes, Jaunarena y yo teníamos una idea bastante clara del modo más probable en que la crisis podía estallar. El problema, según preveíamos, iba a producirse cuando algún oficial citado por la justicia se negara a concurrir y buscase refugio en una unidad o dependencia militar. Por momentos hasta pensábamos que una situación de esta naturaleza podía incluso tener su lado positivo, si resultaba controlable, pues no parecía haber otro modo de demostrar la enormidad de los riesgos que podía correr la democracia si no se actuaba con criterios de mayor prudencia.”[18]

La entrevista esta dada a un periodista muy cercano al poder radical, Pablo Giussani, a pocos meses de la crisis y de la promulgación de Obediencia Debida, probablemente en septiembre o octubre del 87. El objetivo con esta entrevista, obviamente no es mostrar un carácter especialmente maquiavélico (en el sentido común y quizás mal empleado que se le da a este adjetivo) del presidente. Alfonsín muestra así que el poder no se le va de las manos por un lado –eso seria una muestra de debilidad poco admisible para un presidente – y, contradictoriamente, por otro, explica que la debilidad del poder político frente a los militares debía estar expuesta para que se acepte el proyecto gubernamental. Es decir entiende la crisis como una oportunidad (“su lado positivo”) pedagógica (“demostrar la enormidad de los riesgos”). La lógica del discurso oficial –que se encuentra no solo en boca de Alfonsín sino en las bancadas radicales cuando se defiende Obediencia Debida- es de apuntar el peligro que hacen correr al régimen los juicios en contra de militares. Eso lleva a preguntarse sobre la realidad del peligro o sobre las relaciones de fuerzas existente durante la crisis de Semana Santa –momento en que se expusieron a toda luz -.

  • La puesta en escena de la debilidad

La debilidad del gobierno en relación a las fuerzas armadas durante la crisis (sedición de unos dos cientos oficiales y, sobre todo, el resto de las fuerzas que no acatan las ordenes de represión de los sediciosos[19]) es innegable. Pero el respaldo masivo de la sociedad, con todos los sectores que apoyan el régimen democrático y una de la movilización popular más importante de la década –sino la más importante -, así como un respaldo internacional unánime, muestran una relación de fuerzas mucho mas compleja en la que el régimen no parece tan debilitado y las fuerzas armadas incapaces de realizar un golpe –de hecho los sediciosos niegan tener esta intención-. Así que pensamos que la debilidad es sobreactuada por el gobierno para mantener una tensión que permite la realización de su proyecto. Es una suerte de terror que tiene como eje, no la muestra de la fuerza del Estado, sino al contrario su debilidad. Si se toma en cuenta la imagen horrible que se tiene de la ultima dictadura, se entiende el efecto que alcanza este discurso que se podría resumir familiarmente así : “me respaldas o me caigo y se me caigo peor para vos”.

Obviamente, nunca se podrá evaluar con precisión las fuerzas en presencia sin entrar en historia especulativa. Pero quizás esta evaluación no sea tan necesaria, ya que lo seguro es que una vez que se decidió de una ley en claro favor a los militares y en contra de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, mostrar la debilidad del gobierno era un imperativo pedagógico, sea cual sea su realidad. Y ya sabemos que esta ley era un proyecto anterior a la crisis.

 

  1. La promulgación de Obediencia Debida
  • Los “efectos pedagógicos” de la crisis de Semana Santa se hicieron efectivos sobre los parlamentarios durante la votación de la ley de Obediencia Debida. Es cierto que tampoco ha sido aceptada sin algunas resistencias, pero esas parecen más tácticas –ya que se puede preveer un alto costo político, confirmado para la UCR en las elecciones de septiembre – que determinadas a que no se pase. Los radicales que se habían pronunciados en contra de la ley de Punto Final en diciembre del 86, se muestran más dispuesto a colaborar con su gobierno de mismo signo en junio del 87 –a parte de raras excepciones, que suman treces diputados quienes, como Luis Cáceres, se ausentan el día del voto[20]-. Federico Storani, dirigente de la Junta Coordinadora (UCR) cuenta como nauseas acompañaron su voto, pero eso no cambia su disciplina partidaria[21], pues la cuestión esta puesta en términos de estabilidad de régimen, de manera que votar en contra es equiparado a estar a favor de su derrumbe –no quedan términos medios.
  • Eso no quiere decir que se logro convencer a los ciudadanos, les encuestas mostraron siempre un rechazo a esta ley y la popularidad de su abrogación no deja duda al respeto.

 

 

 

Conclusión.

La “traición” del gobierno con Obediencia Debida, muchas veces expresada, se explica porque la “cuestión militar” no es vista de la misma manera en el 83 que el 87. Si bien ya hay un gran repudio a los militares después de siete años de gestión, que tiene como balance una crisis económica endémica y una guerra de Malvinas calamitosa, aún no hay el abismo creado por el conocimiento masivo de la masacre política. De manera que cuando se sale a la calle en respaldo del régimen democrático en Semana Santa, eso conlleva una idea de justicia mucho menos acotada que en el 83. Así que naturalmente se liga mucho más la casi amnistía a la reunión en privado con Aldo Rico, que con un programa electoral que anunciaba de manera marginal un principio de “tres niveles de responsabilidades” casi cuatro años antes.

Sí hubo una relación directa entre la crisis de Semana Santa y la promulgación de la ley de Obediencia Debida, pero no porque los militares hubieran obtenido algo al respeto con la sedición, sino porque permitió hacer aceptar su voto. Eso no quiere decir que la crisis fuera manejada por el poder político –creo que su amplitud ha sido una sorpresa para todos- pero sí que fue instrumentalizada durante y después, y que anteriormente se  la esperaba no sin cálculos políticos en vista de hacer aceptar la impunidad o, la necesidad, en palabras de Alfonsín, de actuar “con criterios de mayor prudencia”.

 

 


[1]Alfonsín, Raúl, Memoria política. Transición a le democracia y derechos humanos, ed. Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 35 y p. 47.

[2] Según Carlos Nino, Alfonsín expreso su concepción en una conferencia en la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Nino, Carlos, Juicio al mal absoluto, ed. Emecé, Buenos Aires, 1997, p. 106. Los tres niveles también están expuestos en el programa de campaña de Alfonsín ver Alfonsín, Raúl, Ahora Mi propuesta política, ed. Sudamericana-Planeta, 1983 (septiembre), p.148.

[3] Reproducido en Verbitsky, Horacio, Civiles y militares. Memoria secreta de la transición, eds. Sudamericana/La Página, 2006, p. 265.

[4] Par ejemplos, Crenzel, Emilio, La historia política del Nunca Más. La memoria de los desapariciones en la Argentina. Ed. Siglo XXI, 2008. Feld, Claudia, Del estrado a la pantalla : Las imágenes del juicio a los ex comandantes en Argentina, ed. Siglo XXI, 2002.

[5] Por ejemplo, La Razón, 18/04/87

[6] Idem, el titulo del articulo que reproduce el discurso presidencial es : “La democracia no se negocia”.

[7] Articulo 9 del proyecto de ley presentado al Congreso el 13 de diciembre de 1983, reproducido en sp.269.

[8] Reproducido en Verbitsky, op.cit. p.273.

[9] Carlos Nino, op.cit. p. 124.

[10] Esta reunión secreta entre el presidente y los camaristas es revelada por Verbitsky, y después confirmada por Carlos Nino.

[11] Nino, Carlos, op.cit., pp.145-146.

[12] Entrevista con Jaime Malamud Goti, Red de Archivo Oral (RAO), 2005.

[13] La Nación, 24/12/86, p.5, « Trámite inusualmente acelerado para la sanción de un ley ».

[14] La citación a Barreiro es mandada el 19 de febrero del 87. Ver resolución de la Cámara Federal de Córdoba en http://www.desaparecidos.org/arg/tort/ejercito/barreiro/

[15] 20 de abril del 1987,  Todos los diarios.

[16] Grecco, Jorge y González, Gustavo, ¡Felices Pascuas! Les hechos inéditos de la rebelión militar, ed. Planeta, 1988, p.140.

[17] Idem.

[18] Pablo Giussani, ¿Por qué, doctor Alfonsín?, ed. Sudamericana/Planeta, 1987, p. 247.

[19] Alfredo Pucciarelli,  “La República no tiene Ejército. El poder gubernamental y la movilización popular durante el levantamiento militar de Semana Santa”, en Pucciarelli, Alfredo (coord.), Los años de Alfonsín ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?, ed. Siglo XXI, 2006.

[20] Alfonsín, Raúl, Memoria…, p.78.

[21] El Porteño, junio 1987, p.16.

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